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Desde mediados de octubre y hasta el 11 de noviembre, fecha en la que ha comenzado la campaña oficial para recoger las piñas en los pinares vallisoletanos, la Guardia Civil ha detenido a 40 personas y ha recuperado 6.000 kilogramos de piñas robadas. Unas operaciones complicadas porque no existe un registro de almacenistas y transportistas en el sector, tal y como han denunciado las asociaciones de empresas elaboradoras de piñón y de propietarios de pinares, que exigen a la Junta de Castilla y León la normalización y profesionalización del gremio.

«Las piñas se roban porque existe quien las compra». Esta frase del Subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo, da idea de cómo está el asunto. De hecho, el sector, aunque no lo quiere decir en voz alta, está convencido de que los ladrones de piñas proceden del mismo gremio. Un hecho que produce un trasvase ilegal de piñas de unos puntos a otros de la provincia, o incluso a territorios limítrofes, para volver los camiones a los municipios de las que han sido sustraídas con destino a las tolvas de las industrias elaboradoras.

Trabajo sucio

La picaresca da una nueva vuelta de tuerca al espinoso asunto, ya que los organizadores de estos robos recurren en muchas ocasiones a cuadrillas de inmigrantes ilegales para que se ocupen del trabajo sucio.

El subdelegado tiene claro que es importante intensificar las campañas de vigilancia para detectar a los que van a sustraer las piñas, pero también que es imposible tener un guardia civil en cada pinar. En este sentido, señala que el pasado año la Guardia Civil logró esclarecer 35 de los 41 robos de piñas detectados en la provincia. Aunque también añade que se le facilitaría el trabajo a la Benemérita si los que circulan con las piñas llevaran unas acreditaciones.

Estas operaciones policiales obligan a detener a todo vehículo sospechoso que circule por los caminos y las carreteras de los pinares, pero es difícil de aclarar quiénes son los propietarios del producto. Al no existir una regulación, la única forma que tiene la Guardia Civil es cuadrar las incautaciones de piña con las denuncias de robo.

Vadillo confirmó ayer que hace quince o veinte días mantuvo una reunión con los representantes de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (Acepi), y de la Asociación de Propietarios Forestales de Valladolid (Asfova) para abordar un asunto que preocupa al gremio.

Los afectados denuncian que las pérdidas por robo ponen en peligro las ganancias que permiten sufragar los gastos derivados de las labores selvícolas. como podas, clareos, limpieza de matorrales, además de la protección contra incendios y las plagas forestales. Propietarios y elaboradores señalan que la madera sólo aporta el 30% de los beneficios en los pinares piñoneros de Valladolid, mientras que dos terceras partes proceden de la comercialización de las piñas. Un presupuesto que permite financiar los trabajos de conservación de los montes.

Tanto Asfova como Acepi aseguran que en los últimos años se ha creado «un mercado paralelo con las piñas robadas en los terrenos particulares que son vendidas a industrias transformadoras que las compran a pesar de tener conocimiento de su procedencia».

En Castilla y León existen casi ochenta mil hectáreas de pino piñonero, repartidas fundamentalmente entre las provincias de Valladolid (62%), Ávila, Segovia y Zamora, lo que representa casi el 18% de la superficie que se dedica a esta producción en el conjunto de España. Los términos municipales de Medina del Campo, Tordesillas, Olmedo, Peñafiel, Tudela de Duero, Cabezón de Pisuerga y Cogeces del Monte son los principales productores.

Según los datos facilitados por el Subdelegado del Gobierno, sólo en Pedrajas existen 300 empresas, 45 de ellas elaboradoras; en Matapozuelos se contabilizan 12 industrias, una de ellas elaboradora; y en Mojados también hay implantadas 45, una de ellas elabora el producto. Cecilio Vadillo argumenta que para luchar contra los robos es necesario regular la compra y venta de las piñas.