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RSS | ed. impresa | Regístrate | 19 enero 2008

Burgos

BURGOS
El PP denuncia un incremento de los delitos superior al 10% durante el 2007 en la comunidad
La Junta está dispuesta a asumir las competencias de Justicia en el 2008
19.01.08 -

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El PP denuncia un incremento de los delitos superior al 10% durante el 2007 en la comunidad
Un vecino de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero muestra la base de sus placas solares robadas. / J. SANZ
El Partido Popular denunció ayer un incremento de los delitos «superior al 10%» en Castilla y León durante el año 2007 y exigió 730 nuevos policías y guardias civiles para completar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región.

Según explicó Ignacio Cosidó, portavoz de Interior del PP en el Senado durante la pasada legislatura la tasa de crecimiento de delitos y faltas es superior «en más de un punto» a la media nacional, por encima del 20% en esta legislatura. Según los datos que aportó, los delitos conocidos por la Guardia Civil han pasado de 10.834 en el 2006 a 11.968 en el 2007 y el índice de esclarecimiento de los delitos ha bajado este año más de tres puntos.

Cosidó cree que los datos de la Fiscalía General del Estado confirman este «fuerte aumento de la inseguridad» en Castilla y León. Las diligencias previas incoadas han pasado, según estas cifras, de 145.762 en el 2004 a 164.531 en el 2006, con un crecimiento del 44,7%. El portavoz de Interior en el Senado reclamó un aumento de los efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil para combatir este aumento de la delincuencia.

«Fracaso de Zapatero»

El PP celebró en Burgos unas jornadas sobre 'Seguridad, Justicia y Libertad', en las que participaron, entre otros, Ignacio Cosidó, y el responsable de esta área en la ejecutiva nacional del Partido Popular, Ignacio Astarloa. Un encuentro que se celebró, en palabras de Mañueco, «con el fin de reflexionar las políticas actuales en materia de seguridad y justicia, y hacer propuestas de futuro de cara a las elecciones generales del 9 de marzo».

Para Astarloa estas dos materias han sido «dos de los muchos fracasos de este mal presidente que es Zapatero», entre otras cosas porque la únicas preocupaciones del Gobierno han sido «tener el control político de la justicia y negociar con los terroristas».

En concreto, en materia de justicia, Astarloa consideró que ésta ha sido una legislatura «inútil» dado que no se ha hecho «nada bueno» en cuatro años. El responsable de esta área en el PP, sostuvo en su intervención que Zapatero sólo ha roto el Pacto de Estado que el mismo firmó y con el que se pretendía modernizar y transformar la justicia. Por otro lado Astarloa avanzó la intención de su partido de incluir en el programa electoral que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial quede en manos de jueces «y no de políticos».

En las jornadas estuvo presente el secretario general del Partido Popular en la región, Alfonso Fernández Mañueco, quien afirmó que la Junta de Castilla y León está dispuesta a asumir las competencias de Justicia durante el año 2008 y avanzó que la administración regional está preparando un programa de modernización en esta área.

Con este fin, el consejero de Justicia e Interior ha iniciado una rueda de contactos con las distintas instancias de la administración de Justicia, de cara a conocer sus principales necesidades. El consejero criticó la falta de disposición del ministro de Justicia, a quien -según ha asegurado- dirigió una carta pidiendo un encuentro nada más tomar posesión, en julio del año pasado, de la que aún no ha obtenido respuesta.

«Temas olvidados»

En su intervención, Fernández Mañueco aseguró que los temas de Justicia y Seguridad han sido «los grandes olvidados» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y puso ejemplos del escaso avance de estos temas, como el parón en la transferencia de Justicia a la comunidad autónoma, que durante los cuatro años de legislatura «no hayan comenzado las obras de la sede del Tribunal Superior de Justicia» o la necesidad de incremento en las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil. Según el consejero de Justicia e Interior del gobierno regional, Castilla y León era una comunidad «segura» y en la que se invertía durante las legislaturas en las que gobernó el PP.
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