El Tribunal Supremo cerró ayer el interminable proceso contra los principales cabecillas del clan de Los Monchines al confirmar la condena de 108 años de prisión impuesta en julio del año pasado por la Audiencia Provincial contra cinco miembros de la familia Romero Larralde y siete colaboradores. Culmina así el desmantelamiento, al menos aparente, de la red que situó a Valladolid en el mapa de España como el mayor supermercado de la droga del noroeste español a lo largo y ancho de la década de los noventa con el hoy desaparecido poblado de La Esperanza como centro neurálgico de sus operaciones.

Nada menos que ocho años y medio han sido necesarios para extirpar la gigantesca espinita clavada en el corazón de los agentes que dedicaron su vida literalmente a cazar a los 'capos' del narcotráfico vallisoletano durante más de una década y que concluyeron su trabajo el 19 de enero del 2000 con la interceptación de una partida de 2,4 kilos de cocaína y 992 gramos de heroína que un colaborador del líder del clan iba a entregar a un matrimonio zaragozano a cambio de 24.418 euros.

Las piezas de la intrincada trama de los Romero Larralde comenzaron a caer en los días sucesivos hasta llegar a los doce acusados que entre el 1 de febrero y el 25 de abril del año pasado se sentaron en un ampliado banquillo de la Audiencia Provincial. El proceso batió todos las marcas judiciales en cuanto a duración, número de acusados y de abogados y, cómo no, folios de sentencia. Nada menos que 104 páginas emplearon los magistrados de la Sección II, presididos por Feliciano Trebolle, para justificar una condena histórica que daba validez a las indagaciones policiales.

El número del móvil de Miguel Romero Larralde, 'Monchín', conseguido a través de un confidente, a cuya cabeza pusieron precio los detenidos -30.000 euros-, fue la base que sustenta ahora el fallo confirmado e inapelable del alto tribunal. La confirmación de que el que la hace la paga la recibieron entre rejas nueve de los doce acusados. Los otros tres la leerán en los medios en algún lugar del país, o del mundo, los hermanos madrileños Ángel y Joaquín Echevarría (condenados a 8 años cada uno como proveedores del clan) y la mujer que vendía las dosis para la familia en Tudela de Duero, Rosario Sánchez (6 años). El trío optó por la espantada y todos se encuentran aún en busca y captura, según confirmaron ayer fuentes del tribunal vallisoletano.

Las cinco cabezas visibles del clan afincado en Pajarillos desde hace tres décadas acumulan ahora condenas de 14 años y tres meses -11 por narcotráfico y 3 años y 3 meses por la condena de blanqueo del 2003- con la honrosa excepción de María Concepción, 'Maruja', y su marido, Vicente 'Jalero', que suman entre los dos 11 años más por otro delito de narcotráfico cometido en el 2005.

Faltan 'Lolos' y su mujer

La presión policial y judicial ha permitido condenar en los últimos años a doce miembros directos del clan, todos ellos por blanqueo -repitieron los cinco cabecillas en el último juicio-. Dos de ellos, Manuel María Romero Larralde, 'Lolos', y su mujer María Perdiz continúan huidos de la Justicia desde once de los doce condenados -'Maruja' estaba ya en prisión- decidieran huir a raíz de la confirmación en el 2005 del fallo anterior de la Audiencia Provincial. Todos fueron cayendo después en distintos puntos de la península -la última fue detenida en agosto del 2007- salvo el mayor de los hermanos y su esposa, ambos de 51 años.

Los tribunales, ahora sí, confirman que las grandes cantidades de dinero que movían los condenados no procedían de su inmensa suerte con los cupones de la Once, como llegaron a alegar en el juicio del 2003, ni de la venta de coches. Era la droga la que mantuvo a una familia cuyos integrantes nunca han tenido, ni tiene, oficio alguno remunerado.