La fiscal encargada del caso del doble atropello mortal de la esquina del paseo de Zorrilla con García Morato pidió ayer al juez que dicte una «sentencia ejemplar» contra la principal sospechosa de provocar el accidente que sirva para «concienciar a la sociedad» sobre los efectos del abuso del alcohol al volante y de infringir las normas básicas de la circulación.
Y es que a su juicio, la conductora del Peugeot 306, R. A. A., incumplió «las más elementales normas de la precaución y la cautela» al coger el coche de su novio en la fatídica madrugada del 22 de mayo del 2005 después de beber alguna copa -aquel día confesó haber tomado cuatro y en el juicio redujo la cantidad a una-, «saltarse un semáforo en rojo» y circular a más velocidad de la debida.
La acusación pública, que pide la absolución del conductor de la furgoneta implicado en el siniestro, fundamenta sus acusaciones sobre la base de los testimonios de media docena de testigos que vieron el semáforo de García Morato por el que circulaba el repartidor en verde. Por todo ello, pide tres años y medio de cárcel para R. A. A. por dos delitos de homicidio -fallecieron los peatones Cristian Ramos, de 19 años, y S. V. P., de 24- y cuatro más de lesiones por imprudencia grave.
Casi de la misma opinión son los abogados de las acusaciones particulares -dos de las víctimas mortales y tres por parte de los heridos-. Estos incluyen en sus peticiones de pena al conductor de la furgoneta (dos años de prisión) al considerar probado que circulaba con exceso de velocidad.
«Los dos merecen el reproche de la sociedad para que esta condena sirva para reprimir conductas similares en el futuro», espetó el letrado de los padres del joven atropellado Cristian Ramos.
Pero lo más significativo de la última sesión de un juicio que quedó ayer visto para sentencia llegó con la exposición de las conclusiones finales de los letrados de los dos imputados. Ambos se acusan mutuamente y atribuyen a los conductores contrarios la responsabilidad de lo ocurrido.
El defensor del repartidor de prensa, J. A. O. R., se adhirió a las tesis del fiscal y rubricó punto por punto sus apreciaciones al considerar que «no está probado que mi cliente circulara a una velocidad excesiva». No opina lo mismo el abogado de la joven de Tudela de Duero R. A. A., quien pidió su absolución alegando que la noche de autos se vulneraron sus derechos constitucionales al practicarle la prueba de alcoholemia -triplicó la tasa en tres ocasiones- y en la realización del atestado.
Informes «parciales»
El letrado de R. A. A. sí considera probado el exceso de velocidad por parte del repartidor gracias a un informe pericial -propuesto por él mismo- en el que dos expertos de la empresa Girat esgrimieron que la furgoneta circulaba a 91 kilómetros por hora frente a los 63 por hora del coche, además de afirmar que es «imposible» saber quien se saltó el semáforo en rojo.
Los peritos fueron calificados de «parciales» por el resto de abogados tras descubrir que obviaron los testimonios de dos testigos clave para la reconstrucción del siniestro. El titular del Juzgado de lo Penal número 3 será el encargado de resolver el entuerto.
