La conductora acusada de causar el doble atropello mortal ocurrido el 25 de mayo del 2005 en el cruce de García Morato y el paseo de Zorrilla se sentará en el banquillo el lunes para responder de sendos delitos de homicidio por imprudencia grave por los que se enfrenta a una petición por parte del fiscal de tres años y medio de cárcel.
La joven vecina de Tudela de Duero, R. A. A., de 25 años, afrontará también el pago de indemnizaciones que alcanzan los 197.357 euros en concepto de daños, las lesiones sufridas por los cinco heridos (65.204 euros) y solo la muerte del peatón Cristian Ramos (115.131), ya que la familia de la otra víctima renunció a solicitar este dinero después de alcanzar un acuerdo económico privado con la aseguradora Caser -responsable civil directa al tener asegurado al turismo accidentado-.
Catorce testigos desfilarán por la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 3 a partir de las 10.00 horas del lunes, y del martes, para reconstruir los hechos ocurridos aquella fatídica madrugada de domingo a las 5.30 horas.
«Estrés postraumático»
El fiscal, a tenor del atestado policial, considera que la joven conducía el turismo de su novio, un Peugeot 306, bajo los efectos del alcohol, lo que «disminuyó sus facultades» e hizo que «rebasara un semáforo en rojo» en el carril central de Zorrilla, donde chocó contra una furgoneta de reparto que circulaba por García Morato.
El 306 arrolló a la fallecida S. V. P., de 24 años, en la mediana de Zorrilla y el furgón arrolló a la otra víctima mortal, además de causar graves lesiones a tres viandantes, sobre la mediana y una acera de la calle García Morato.
La conductora ahora acusada triplicó la tasa legal de alcohol -0,82 y 0,76 miligramos por litro de aire expirado- y, a juicio del fiscal, presentaba un rosario de síntomas de embriaguez: «Ojos enrojecidos, rostro congestionado, halitosis alcohólica, habla espesa -no vocalizaba- y capacidad de exposición reducida -no recordaba nada del accidente y confundió la trayectoria que llevaba-», según relata la acusación pública en su escrito de calificación provisional.
El Ministerio Público no ve, sin embargo, indicios de delito en la actuación del conductor del furgón de reparto -llegó a estar imputado por los mismos cargos por llevar una velocidad excesiva- y le considera una víctima más del siniestro hasta el punto de relatar que aún padece «trastornos neuróticos por estrés postraumático».
No opina lo mismo el abogado de las víctimas, quien eleva a cuatro años su petición de pena para la joven de Tudela y solicita otros dos para el repartidor al considerar que iba demasiado deprisa.
